La Fuerza Pública se ha encargado de deslegitimar su accionar ante la sociedad colombiana
La Corte Constitucional emitió la SENTENCIA C 51 del año 2002 donde señala “el Estado tiene el deber de mantener la convivencia pacífica e instaurar un sistema jurídico-político estable, para constituir la protección a la vida como una de las obligaciones del gobernante sin las cuales no es posible la continuidad de la comunidad.
Así, a las Fuerzas Militares corresponde la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, mientras que la Policía debe mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Esto significa que es la Fuerza Pública la garante de la convivencia ciudadana, y no puede trasladarse a los propios ciudadanos esa función, sin desnaturalizar la estructura constitucional del Estado colombiano”.
Estas sentencias son de obligatorio cumplimiento, pero los hechos demuestran lo contrario, el Estado mediante la Fuerza Pública no está cumpliendo lo establecido por lo cual considero necesario mencionar las medidas tomadas por el Estado y la violación sistemática de los derechos humanos.
En las décadas de los 80 y 90 se recrudeció el conflicto armado en nuestro país, una de las medidas que adoptaron para contrarrestar la ofensiva guerrillera en las poblaciones rurales fue la creación de las CONVIVIR (Cooperativas de Vigilancia Rural), pero se presentaron irregularidades así constato el CINEP (Centro de Investigación de Educación Popular) “En similar sentido Human Rights Watch, en el Informe Anual correspondiente al año 1998, concluyó en relación con las Cooperativas de Vigilancia Rural Convivir, que: “En 1997, recibimos informaciones creíbles que indicaban que las CONVIVIR de las regiones del Magdalena Medio y el sur del César estaban dirigidas por conocidos paramilitares y habían amenazado con asesinar a colombianos considerados simpatizantes de la guerrilla o que se habían negado a inscribirse en las cooperativas”.
En 1998 Andrés Pastrana Arango asumió la presidencia de la Republica y decidió negociar con la guerrilla de las FARC en la zona de San Vicente del Cagúan, departamento de Caquetá. Pero mientras se desarrollaban las negociaciones, en diferentes zonas del país se fortalecieron grupos paramilitares en connivencia de la Fuerza Pública, allí realizaron tareas conjuntas con el fin de brindarles la tranquilidad y seguridad a los terratenientes y a los mismos pobladores.
Esas ‘tareítas’ no fueron nada limpias, masacres tan emblemáticas como la del Salado en la Costa Atlántica que: “Según la Comisión Histórica, a diferencia de otros escenarios de asesinatos colectivos, lo ocurrido en el Salado fue más allá de la pretensión de eliminar al enemigo. Las torturas y las masacres hicieron parte de la misma operación asesina”
Posterior a la masacre de El Salado, los medios masivos de comunicación presentaron las voces de los victimarios, legitimando su discurso y las acciones cometidas en el Salado, también se presentaron las voces instituciones estatales y los testimonios de las víctimas fueron opacados.
En el Valle del Cauca, el municipio de Trujillo fue uno de los escenarios donde los actores armados hicieron masacres, desplazaron y desaparecieron a algunos habitantes. En septiembre de 2010 el periódico El Espectador informó: “Por la masacre de Trujillo, Valle, la Corte Suprema de Justicia ordenó revisar los fallos absolutorios a favor de capos los capos del cartel del Norte del Valle, Henry Loaiza, alias ‘El alacrán’, y Diego León Montoya, alias ‘Don Diego’, así como al mayor (r) del Ejército, Alirio Urueña Jaramillo. En los hechos, ocurridos entre el 13 y 16 de marzo de 1990, fueron torturados, mutilados y asesinados varios civiles, entre ellos el sacerdote Tiberio Fernández Mafla. Los cadáveres habrían sido arrojados al río Cauca y hasta ahora se desconoce sus paraderos.”
Los diferentes actores armados se encargaron del despojo de comunidades enteras que poseían tierras productivas para cultivar caña de azúcar o palma de aceite. Prueba de ello, fue la Operación Génesis dirigida por el General Rito Alejo del Rio y los paramilitares que controlaban la zona en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, habitadas en su mayoría por población afrodescendiente, desplazaron más de 4.000 personas para obtener las tierras y cultivar palma de aceite. Después de muchos años algunas personas lograron retornar a su territorio, pero sufren las amenazas de las bandas criminales que protegen los intereses de los palmicultores de la zona.
En el año 2002, Álvaro Uribe Vélez asumió la presidencia y fue reelegido en el año 2006, durante sus ochos años de mandato junto a los medios de comunicación se encargaron de mostrar el accionar de las guerrillas mientras que el paramilitarismo, ante sus ojos pasaba desapercibido. Durante estos periodos se fortaleció la bandera de la Seguridad Democrática, asegurándole a los colombianos: “inversión extranjera”, “poder ir a la finca”, “acabar con los terroristas de las FARC”.
Pero esta política trajo consigo muchos detractores, que luego serían catalogados como “auxiliadores del comunismo” como el senador del Polo Democrático Iván Cepeda y la ex senadora Piedad Córdoba, defensores de derechos humanos, diversas organizaciones sociales, entraron en esa lista. “Uribe se negó a colaborar con las organizaciones y se enfrentó a ellas desconociendo su importante papel en la cualificación de la democracia. “Hablantinosos”, “voceros del terrorismo”, “traficantes de derechos humanos”, “compinches”, “áulicos”, “politiqueros” y hasta “chismosos” han sido los adjetivos más recurrentes del presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez». Algunas organizaciones y defensores de derechos humanos denunciaron los atropellos por parte de la Fuerza Pública a las comunidades donde se establecieron multinacionales o proyectos mineros en el auge de la “confianza inversionista” de Uribe Vélez.
Por otra parte iniciaba uno de los episodios más vergonzosos de la última década en el país: las ejecuciones extrajudiciales que consistió en el asesinato sistemático de civiles, a manos de militares y hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate; y así ganar grandes sumas de dinero por la labor realizada. El 6 de junio de 2015, Revista Semana informó lo siguiente frente a lo sucedido: “Por esos hechos hay cerca de 3.000 uniformados detenidos, de los cuales 815 ya han sido condenados. La mayoría de estos últimos son suboficiales y soldados. De esa cifra tan solo hay cinco oficiales con el rango de coronel condenado por esas ejecuciones. De allí la importancia de lo que está ocurriendo. En un solo proceso la Fiscalía demostró e imputó la responsabilidad de otros cinco coroneles, lo que implica que en una sola investigación logró duplicar el número de oficiales de ese alto rango vinculados con falsos positivos». A pesar de la judicialización de algunos responsables, las víctimas denuncian que los testigos de estas ejecuciones no han sido protegidos por las autoridades, y por ello peligran los procesos que se adelantan en los juzgados.
La Fuerza Pública se ha encargado de deslegitimar su accionar ante la sociedad colombiana, aunque algunos siguen de oídos sordos, considero que se requiere de un análisis riguroso de las fuerzas que tiene al mando el Presidente y el Ministerio de Defensa, en pro de defender a la ciudadanía y no en contra de la misma.
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