Conversamos con Inti Asprilla respecto al proyecto de ley que busca prevenir y sancionar el abuso policial.
(Bogotá D.C., Colombia)
Por, Andrés Angulo Linares
Nicolás Neira, (2005); Diego Felipe Becerra, (2011); Paula Alejandra Torres Cabrera, (2015); Dilan Cruz, (2019); Javier Ordóñez, (2020); entre muchos más, han sido víctimas mortales por parte de miembros de la Policía Nacional.
El descontento de la ciudadanía hacia la institución se hace cada vez mayor. No es para menos, no son casos aislados, por el contrario, son frecuentes los ataques hacia los ciudadanos por parte de los policías.
Se requiere una reforma urgente. Entre los puntos más sensibles está la impunidad con la que los uniformados involucrados son cobijados.
Con ocasión del caso de Javier Ordóñez y de las protestas que se han suscitado por su muerte, entrevistamos al representante a la cámara, Inti Asprilla, quien radicó el día de ayer, el proyecto de ley, por medio del cual “se dictan medidas para la prevención y sanción de los abusos en la actividad policial”. Consulte el proyecto de ley.
Rugidos Disidentes –RD: ¿Quién es un policía?
Inti Asprilla –IA: A diferencia de un militar que se cobija por las normas y por la cultura de la belicosidad del conflicto, un policía es un civil que tiene el uso de la fuerza. Está llamado a garantizar la seguridad del ejercicio de los derechos fundamentales y la libertad de los ciudadanos. Eso es un policía.
RD: ¿Cuáles son las problemáticas más relevantes que ha logrado identificar durante el tiempo que lleva investigando la acción de la institución?
IA: Durante estos cuatro años entendimos cuáles son las principales falencias que se tienen al interior de la policía, son varias: educación, procesos disciplinarios, un problema ético-penal y, además, los procesos de selección.
RD: ¿Qué plantea el proyecto de ley?
IA: Busca generar una política en el plazo inmediato de prevención y sanción contra el abuso policial. Tiene tres componentes: El primero de ellos es el establecimiento de una cátedra obligatoria para todos los policías en ejercicio –incluyendo a los auxiliares bachilleres– respecto a los derechos humanos, una cátedra que debe ser dictada con un componente teórico y otro práctico; contempla, además, la reestructuración del sistema disciplinario de la policía, incluyendo la filosofía que había antes en la legislación, pero que en medio de ese empoderamiento policial fue acabada, que es el comisionado de policía.
RD: ¿Qué función tendría el comisionado de policía?
IA: Es una especie de defensor del pueblo, que, con su equipo, se encarga de garantizar la seguridad, efectividad y el respeto por el debido proceso a los civiles que interponen una queja contra el personal uniformado.
RD: ¿Qué otras medidas se establecen en el proyecto?
IA: Establecer vía legislativa el límite a los procedimientos policiales. En el marco del código de policía se busca exclusivamente imponer unos deberes y unas limitaciones claras. Por ejemplo, la práctica de estrangulamiento a personas desarmadas, los golpes en la cabeza con el bastón de mando tonfa, y la obligación de tener sistemas de video de vigilancia en los Comandos de Atención Inmediata (CAI).
RD: ¿El Código de Policía les otorgó un poder exagerado a los policías?
IA: Sí, a mi modo de ver, sí. Le otorgó ese poder sin ningún contrapeso, para eso es este proyecto de ley, para que se pueda hacer un contrapeso a lo que pueden hacer. Varios de esos artículos se han caído. Uno de los artículos más problemáticos que yo demandé, pero que desafortunadamente la corte no tomó la decisión de declarar inexequible, fue el que establece el desacato de autoridad, en el cual, cuando no se acata una orden de policía se es sujeto a una multa de un salario mínimo legal vigente. Eso ha generado o reforzado ese discurso de “yo soy la ley, yo soy la autoridad de policía” y en ese orden de ideas, según ese criterio, los ciudadanos son subordinados, están subordinados a ellos.
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RD: ¿Cómo ha sido el trámite de este proyecto de ley?
IA: El consenso político al interior del Congreso era muy difícil de lograr, por eso, este proyecto de ley se radicó esta semana con el apoyo de la mayoría de las fuerzas del sector alternativo, con firma de representantes del Partido Liberal, incluso de Cambio Radical.
RD: ¿Podemos sentirnos optimistas?
IA: Siempre y cuando haya acompañamiento ciudadano. La veeduría ciudadana sobre el Congreso de la República ha demostrado que tiene sus frutos. En la medida que el proyecto de ley sea apropiado por la ciudadanía, en que se sigan las votaciones, quién vota a favor, quién en contra, yo creo que el proyecto va a salir adelante. Tiene que pasar el debate en Comisión Primera, incluso, si no llegase a pasar, haríamos exactamente lo mismo que hicimos en el caso del Fracking: publicar quién votó a favor y quién en contra… si es apropiado por la ciudadanía y por los medios de comunicación, como está siendo el caso, el proyecto tiene todas las posibilidades de pasar.
RD: ¿Cuánto tiempo tardaría en aprobarse este proyecto de ley?
IA: Depende. Un proyecto con voluntad política puede salir en término de cuatro a seis meses. Si todo sale bien, para marzo del otro año.
RD: ¿Alcanzaría a aplicar para el caso de Javier Ordóñez y demás víctimas?
IA: Desafortunadamente no. En el caso de Javier, tenemos la esperanza leve de que logre calificarse como tortura, para que se levante el fuero penal militar, hay una probabilidad parecida en el caso de Dilan Cruz.
RD: Una gran parte de los ciudadanos estamos cansados de los abusos policiales, ¿podríamos hablar de acciones sistemáticas o, por el contrario, son acciones de algunas “manzanas podridas”?
IA: Hay que tener muy claro que no todos los ciudadanos que hacen parte de la fuerza policial son violadores de derechos humanos; pero también hay que tener en claro, que sí hay un número considerable, que supera la tesis de las “manzanas podridas”. No unas cuantas, sino un número considerable de policías que fueron formados bajo la concepción de amigo – enemigo. Es decir, quien cuestione cualquier actuación de la policía es un enemigo.
RD: ¿Cómo entender la “solidaridad de cuerpo”?
IA: Muchos policías defienden la tesis de solidaridad de cuerpo. Es decir, así un compañero cometa un delito, una infracción, una falta disciplinaria o un atentado contra los derechos humanos, “puedo callar, porque cuando un policía es rechazado, afecta a toda la institución y eso me termina afectando a mí”. Esto genera impunidad.
RD: ¿Por qué la policía cuenta con fuero militar?
IA: Eso se llegó a justificar en la época de la guerra contra el narcotráfico y la guerra contra la guerrilla. Cuando los policías hacían erradicación de cultivos, sufrían ataques de la guerrilla o los repelían; esa es la explicación histórica. El orden normal de las cosas es que no sea así. La justicia penal militar se caracteriza por un alto grado de impunidad que supera el 90 por ciento de los procesos.
RD: ¿Qué pasa con las “investigaciones exhaustivas”? ¿Hay forma de conocer públicamente las acciones en contra de los policías infractores?
IA: Hay dos cosas, el tema disciplinario y el sistema penal. En lo disciplinar hay una gran opacidad, no se publican los nombres de los policías que están siendo objeto de un proceso disciplinario, a la persona que puso la queja no se le notifica la decisión, eso se ataca dentro del proyecto de ley. Respecto al fuero penal militar, muchas veces no tienen medidas de aseguramiento, no hay detención preventiva.
RD: ¿El caso de Javier Ordoñez fue asesinato o murió en medio de un procedimiento policial?
IA: Lo de Javier Ordóñez es un asesinato, así como es un asesinato las 9 o 10 personas que murieron en la noche anterior. Claramente es un asesinato y así debe ser calificado. Ese intento de decir que murió en medio de un procedimiento policial, es como insinuar que el señor se lo merecía, porque estaba en medio de un procedimiento y hubo un accidente. Hubo una actuación denodada y decidida de atentar contra su integridad física y un uso desmedido de la fuerza que terminó causándole la muerte. Esto se llama homicidio.
RD: ¿La policía podría estar detrás de algunos de esos actos vandálicos, como se ha demostrado que ha pasado en otros procesos de movilización social?
IA: Eso es muy difícil de establecer en este momento. Lo que sí está claramente establecido es que en medio de las revueltas o los disturbios, hubo policías que utilizaron armas de fuego y eso no tiene ninguna justificación; hubo policías que se intercambiaban armas de fuego con personas vestidas de civil, lo cual es altamente preocupante. Hay una probabilidad altísima, de que esos policías que vimos en los videos hayan sido los responsables del asesinato de personas, sobre eso no se ha esclarecido nada.
RD: ¿Cómo entender la posición de sumisión de algunos ciudadanos frente a los policías?
IA: Es un discurso de la ideología propia de la extrema derecha y del uribismo en este país. Pasa porque hay una tesis de obediencia. La policía, está llamada a mantener el orden cuando hay robos, atracos, riñas; pero el ciudadano no está sujeto, ni está obligado a soportar todos los atropellos que quiera un policía. Es un discurso de las fuerzas políticas tradicionales, donde criticar a “los héroes de la patria”, a la policía es un acto subversivo.
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RD: Además del proyecto que se radicó, ¿qué acciones se pueden considerar para que los ciudadanos cumplamos las normas, pero también exijamos nuestros derechos?
IA: Un estallido social como el que ocurrió se entiende; pero no se aprueba, ni se debe perpetuar. Yo no tengo una expresión de solidaridad respecto a un CAI, pero es claro que persistir en el vandalismo como método de reformar la policía no va a arreglar nada. Se entiende el descontento social, se entiende qué lo produjo. Lo que necesitamos en estos momentos es un acto –como quien dice–, de reconciliación; pero siempre y cuando haya una voluntad sincera por parte de la cúpula de la policía para pedir perdón, no solamente por la muerte de Javier, sino por las ocho o nueve personas, que fallecieron en los últimos días.
Fotografía tomada de El Espectador