«Miembros de la Policía Nacional han cometido abusos gravísimos contra manifestantes, en su mayoría pacíficos, durante las protestas iniciadas en abril de 2021»
HUMAN RIGHTS WATCH
(Bogotá D.C., Colombia)
Por, Eduardo Márquez G.
Resumen del informe de Human Rights Watch (de 19 a 9 páginas), que, seguramente, servirá de insumo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar del intento de saboteo por parte de la vice presidenta y canciller y sus ridículas declaraciones: «Colombia no es una violadora de derechos humanos» (Obvio, no es Colombia sino el régimen narco-uribista). Y, bueno, qué decir de las 40.000 armas supuestamente incautadas a manifestantes, según esa alucinada socia del narcotraficante Memo Fantasma. ¡Más del doble de las entregadas por las FARC que ha sido el grupo desmovilizado que más armas ha entregado en el mundo como resultado de un proceso de paz!
El informe que pone en evidencia el carácter criminal del régimen uribista, recoge las violaciones a los derechos humanos durante el Paro Nacional indefinido, demuestra cómo el gobierno de «el que dijo Uribe», Fiscalía, Procuraduría y Defensoría, han mentido e incurrido en desacato a órdenes de la Corte Suprema de Justicia sobre fallos relativos a garantías para las protestas ciudadanas.
Finalmente, la ONG internacional con sede en Washington hace una serie de recomendaciones al ejecutivo, legislativo y organismos de investigación y control que, obviamente, se pasarán por la faja una vez el mundo deje de mirar a Colombia.
Colombia: Brutalidad policial contra manifestantes Urge una reforma policial para prevenir futuros abusos
Miembros de la Policía Nacional han cometido abusos gravísimos contra manifestantes, en su mayoría pacíficos, durante las protestas iniciadas en abril de 2021. El gobierno debería tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos e iniciar una reforma policial profunda para garantizar que los agentes respeten el derecho de reunión pacífica y los responsables de abusos sean llevados ante la justicia.
El 28 de abril, miles de personas salieron a las calles en decenas de ciudades en protesta contra un proyecto de reforma tributaria. El gobierno retiró la propuesta algunos días después, pero las manifestaciones continuaron por motivos que incluyen la desigualdad económica, la violencia policial, el desempleo y la falta de servicios públicos adecuados.
En reiteradas ocasiones los policías han dispersado manifestaciones pacíficas de manera arbitraria y empleado la fuerza de forma excesiva, y a menudo brutal, incluso mediante el uso de municiones letales. Aunque la mayoría de las protestas han sido pacíficas, algunos individuos han cometido actos graves de violencia, como quemar estaciones de policía y atacar a policías, dos de los cuales han muerto.
Human Rights Watch ha recibido denuncias creíbles sobre 68 muertes ocurridas desde el comienzo de las manifestaciones. Hemos confirmado que 34 ocurrieron en el contexto de protestas, incluidas las de 2 policías, un investigador judicial y 31 manifestantes o transeúntes, de los cuales al menos 20 parecen haber muerto a manos de policías. Personas armadas vestidas de civil también han atacado a manifestantes y han causado la muerte de por lo menos 5 de ellos.
Hay evidencias sobre al menos 16 manifestantes o transeúntes asesinados con municiones letales disparadas con armas de fuego por la policía. En su mayoría, las víctimas tenían heridas de bala en órganos vitales, como el tórax o la cabeza, lo cual indica que hayan sido causadas con la intención de matar. Al menos una víctima más murió por golpizas y otras 3 por uso indebido o excesivo de gases lacrimógenos o de granadas aturdidoras.
Más de 1.100 manifestantes y transeúntes han sufrido lesiones, según datos del Ministerio de Defensa, aunque es probable que la cifra total sea mayor. Human Rights Watch documentó los casos de 9 personas que sufrieron lesiones oculares graves, como resultado de cartuchos de gases lacrimógenos o proyectiles de impacto cinético disparados con fusiles antidisturbios. Siete de estas personas probablemente perderán la visión en un ojo. Entre los heridos hay periodistas y defensores de derechos humanos que estaban cubriendo las protestas, muchos de ellos identificados mediante chalecos.
El Ministerio de Defensa señaló que la policía había detenido a más de 1.200 personas por delitos presuntamente cometidos durante las protestas. Los fiscales habían imputado a 215. La Fiscalía General de la Nación dijo que cientos de detenidos fueron liberados luego que un juez o fiscal determinara que sus derechos habían sido violados durante la detención o que no existían evidencias de que habían cometido un delito. A su vez, la policía ha privado de la libertad a más de 5.500 personas sobre la base de una disposición legal que le permite “trasladar” a una persona a un “centro asistencial o de protección” para “su protección” o la de terceros.
La Defensoría del Pueblo reportó que había recibido quejas en contra de miembros de la policía por 2 casos de violación sexual, 14 casos de agresión sexual y otros 71 casos de violencia basada en género, incluyendo bofetadas y abuso verbal. Las organizaciones de derechos humanos colombianas han informado sobre más casos.
Se ha informado que al menos 419 personas han desaparecido durante las protestas. La Fiscalía indicó que había localizado a 309. En algunos casos, quienes las reportaron como desaparecidas no sabían que habían sido detenidas.
Aunque la mayoría de manifestaciones se desarrollaron de manera pacífica, algunos individuos cometieron actos graves de violencia, incluidas agresiones violentas contra policías y ataques a estaciones de policía. Al 2 de junio, más de 1.200 policías habían sido lesionados, al menos 192 de gravedad, 2 agentes habían muerto y 7 seguían hospitalizados. El 29 de abril golpearon y abusaron sexualmente de una mujer policía mientras atacaban una estación policial en Cali.
Grupos de manifestantes bloquearon calles y vías por períodos prolongados, lo cual en algunos casos restringió o impidió la distribución de alimentos o la circulación de ambulancias, sobre todo en los departamentos de Valle del Cauca y Cundinamarca. En ocasiones, estas restricciones dificultaron el acceso a insumos de salud.
Casos de abusos cometidos durante protestas ocurridas en 2019 y 2020 motivaron peticiones de que se realizara una reforma policial. La policía depende del Ministerio de Defensa y con frecuencia ha sido desplegada para combatir a grupos armados junto con las Fuerzas Armadas, lo cual ha borrado una separación clara sobre las funciones de estas dos fuerzas.
Asimismo, los policías implicados en abusos a menudo son juzgados en tribunales militares, donde hay pocas probabilidades de respondan por esos abusos dada su tradicional opacidad y falta de independencia. El 6 de junio, el Presidente Iván Duque anunció una serie de medidas para “transformar” la Policía. Algunas, como la reforma al sistema disciplinario, podrían tener un impacto positivo para prevenir y sancionar abusos policiales. Sin embargo, otras parecen ser más bien de carácter cosmético y, en general, las reformas propuestas no son suficientes para prevenir violaciones de derechos humanos y garantizar justicia por los abusos.
En el pasado, Duque ha rechazado propuestas de reformas policiales mayores, y ha señalado que su gobierno tiene “tolerancia cero” frente a abusos de la policía. Sin embargo, el sistema disciplinario interno de la policía no ha castigado a los agentes responsables por abusos durante protestas en 2019 y 2020.
El gobierno ha desplegado a policías regulares y a miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) para responder a las protestas. Los policías regulares asisten cada 2 años a un curso de 45 horas sobre cómo actuar en manifestaciones pacíficas, pero no reciben capacitación específica sobre cómo responder a disturbios. Asimismo, desde el 1 de mayo, el presidente Duque ha desplegado a soldados para “asistir” a la policía. El 28 de mayo aumentó el número de soldados y ordenó que varios gobernadores y alcaldes trabajaran en conjunto con las fuerzas de seguridad para adoptar las “medidas necesarias” para “levantar los bloqueos”.
El derecho internacional de los derechos humanos establece que las autoridades deben proteger las reuniones pacíficas y no deben dispersarlas incluso si consideran que son ilícitas. Las autoridades deben abstenerse de usar la fuerza a menos que esto resulte necesario y proporcionado para responder a incidentes específicos de violencia.
El uso de armas letales para dispersar reuniones o manifestaciones es siempre ilícito. Conforme al derecho colombiano, la policía puede usar armas de fuego en defensa propia o para proteger a personas de un “peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida”.
La policía indicó que no han usado armas letales durante las manifestaciones. Sin embargo, en varios videos se ve a policías disparando armas de fuego contra las manifestaciones. Se documentaron 16 casos en que la policía parece haber matado con municiones letales a manifestantes no armados. En al menos 15 de los casos, las víctimas tenían heridas de bala en órganos vítales.
Asimismo, la policía parece haber disparado gases lacrimógenos de forma imprudente y peligrosa pues debe disparar los cartuchos al cielo, a fin de reducir la velocidad de la trayectoria de los proyectiles, que son pesados, para que caigan al suelo. La policía también usó un sistema de lanzamiento de proyectiles múltiples, conocido como Venom, que permite disparar hasta 30 cartuchos de gas lacrimógeno, humo o aturdidoras por vez. Se supone que el sistema lanza los proyectiles con una trayectoria “parabólica” para evitar un “impacto directo” contra manifestantes. Sin embargo, Human Rights Watch corroboró varios videos de la policía utilizando el Venom desde el suelo y disparando de forma directa contra los manifestantes en Popayán. El Venom produce efectos indiscriminados en un área extensa y no es posible usarlo de un modo que permita distinguir amenazas legítimas. Fueron documentados casos de 7 personas heridas y 3 fallecidas, como resultado del impacto de cartuchos de gases lacrimógenos.
La policía indicó que está usando fusiles antidisturbios para disparar cartuchos que contienen entre 12 y 24 bolas de plástico. Human Rights Watch documentó varios casos en los que los manifestantes fueron heridos por estos proyectiles. Algunas de las víctimas recibieron el impacto de varios proyectiles al mismo tiempo, lo cual sugiere que les dispararon de cerca, dado que estos proyectiles se dispersan a medida que se alejan.
El 14 de mayo, la Defensoría del Pueblo informó que había recibido quejas contra miembros de la policía por 2 casos de violación sexual, 14 casos de agresiones sexuales y otros 71 casos de violencia de género, incluyendo bofetadas y abuso verbal. Las organizaciones de derechos humanos colombianas han informado más casos.
Cientos de manifestantes fueron detenidos por la policía y liberados luego de que un juez o fiscal concluyera que sus derechos habían sido violados durante la detención o que no había evidencias para vincularlos a un delito. Human Rights Watch documentó en detalle 27 casos de personas detenidas de manera arbitraria. Fiscales, funcionarios de derechos humanos y abogados de víctimas señalaron que existen decenas de casos más. Los fiscales han realizado imputaciones desproporcionadas por cargos de “terrorismo” en contra de algunos manifestantes que presuntamente participaron en hechos de vandalismo.
Mientras la pena por daño en bien ajeno es de entre 16 y 90 meses de prisión, las penas por terrorismo son de hasta 22 años y medio. La policía también privó de la libertad a más de 5.500 personas utilizando una figura legal que permite que los agentes “trasladen” a una persona a un “centro asistencial o de protección” para su propia “protección” o la de terceros. La legislación establece que la persona trasladada no puede ser enviada a un centro de detención bajo ningún motivo. Sin embargo, en varios casos la policía llevó a los privados de libertad a estaciones de policía.
La única evidencia que presentó el fiscal contra ellos es el informe de la policía y declaraciones de policías. El fiscal reconoció que los actos específicos que habrían cometido los indiciados podrían constituir por sí solos el delito de daño en bien ajeno, pero dijo que la imputación por “terrorismo” estaba justificada porque los detenidos eran parte de una “turba” que les producía “agitamiento”. Sin embargo, el fiscal no presentó evidencia de que los indiciados hubieran actuado de forma coordinada entre sí o con otros manifestantes.
Sin presentar ninguna evidencia, el fiscal dijo que existía la “posibilidad” de que los detenidos hubieran resistido su captura y que era “factible” que la fuerza utilizada por la policía hubiera sido adecuada. El juez legalizó la captura.
El gobierno señaló que varios grupos armados, incluido el ELN y grupos que surgieron de las FARC, se habían “infiltrado” en las protestas para cometer actos de vandalismo y atacar a la policía. El fiscal general dijo que habían detenido a 11 presuntos miembros de grupos armados.
Por otra parte, personas armadas vestidas de civil participaron en actos violentos contra manifestantes. En Pereira, un grupo de personas de civil atacaron al manifestante y líder social Lucas Villa cuando estaba haciendo declaraciones contra el gobierno durante una protesta el 5 de mayo. Uno de ellos le disparó y lo mató.
Videos muestran cómo hombres armados que se encuentran junto a la policía dispararon a manifestantes en Cali el 28 de mayo. Al día siguiente, un comandante de la policía reconoció que los agentes “omitieron su deber” y dijo que serían investigados.
El director general de la Policía, General Jorge Luis Vargas, dijo a Human Rights Watch que no se enviaron policías vestidos de civil a operativos de control de multitudes ni para detener a manifestantes. Sin embargo, hay videos que muestran que policías vestidos de civil detuvieron a manifestantes que estaban bloqueando una autopista en Cali.
La Fiscalía informó a Human Rights Watch el 4 de junio que solo había imputado a un policía en relación con los abusos cometidos durante la reciente ola de protestas. Se trata de un agente imputado el 13 de mayo por el homicidio del manifestante Marcelo Agredo Inchima. Miembros de la Delegada de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, que está adelantando todos los procesos por abusos policiales, dijeron que esa unidad había asignado a fiscales e investigadores para adelantar los casos de abusos policiales y que la directora de la unidad estaba realizando reuniones semanales con los fiscales para analizar los avances en cada caso. El 28 de mayo, el director de la justicia penal militar señaló a Human Rights Watch que los jueces militares habían abierto 34 investigaciones en relación con las protestas, incluyendo 10 por homicidios y 11 por lesiones personales.
Conforme a estándares regionales de derechos humanos, los tribunales penales militares no deben adelantar procesos por graves violaciones de derechos humanos. El director de la policía manifestó el 14 de mayo que habían iniciado investigaciones disciplinarias contra 117 agentes por posibles conductas indebidas durante la actual ola de protestas. De esos agentes, 5 habían sido suspendidos temporalmente, incluidos 3 que se encontraban bajo investigación disciplinaria por homicidio. El resto seguía desempeñando sus funciones.
La Procuraduría, que también adelanta investigaciones disciplinarias, señaló el 31 de mayo que había iniciado 78 investigaciones de posibles abusos de poder y uso excesivo de la fuerza por parte de policías; la gran mayoría se encontraba en etapas preliminares. No se han realizado avances significativos en la investigación de abusos policiales cometidos durante protestas anteriores.
El 4 de junio, la Fiscalía le dijo a Human Rights Watch que había abierto 90 investigaciones por abusos policiales cometidos durante las protestas de 2019 y otras 116 por abusos cometidos durante las manifestaciones de 2020. La Fiscalía señaló que había iniciado el juicio en 5 casos de 2020 y había logrado imputaciones en otros 2. Ningún agente de policía había sido imputado en relación con los abusos cometidos durante las protestas de 2019.
La Procuraduría tampoco ha logrado ningún avance significativo. El 10 de mayo, la entidad informó a Human Rights Watch que había iniciado 24 investigaciones sobre las protestas de 2019, y otras 5 sobre las de 2020. Ningún policía había sido objeto de sanciones disciplinarias y la mayoría de los casos continuaban en etapas preliminares.
El 17 de abril de 2021, el Ministerio de Defensa dijo a Human Rights Watch que la policía había iniciado 40 investigaciones disciplinarias en relación con las protestas de 2019. De esas, 24 se habían archivado sin que se le aplicaran medidas disciplinarias a ningún policía, mientras que las demás se encontraban en trámite. El Ministerio de Defensa también informó que, de las 92 investigaciones disciplinarias que la policía había iniciado sobre las protestas de 2020, 54 se habían archivado; en la mayoría de los casos debido a que los investigadores no habían podido identificar al policía involucrado. Solamente 2 policías habían recibido sanciones disciplinarias en casos que parecían tener alguna relación con violaciones de derechos humanos, y otros cuatro habían resultado absueltos.
El director de la Policía Nacional señaló que no existe una carrera profesional separada para los agentes que realizan las investigaciones por asuntos disciplinarios. Esto significa que no existen salvaguardas para asegurar que los investigadores no acaben trabajando junto con policías a quienes hayan investigado previamente, o bajo su mando. La legislación también permite que el director de la Policía Nacional revoque cualquier decisión disciplinaria.
En septiembre de 2020, la Corte Suprema dispuso que se implementaran varias reformas prevenir abusos en el contexto de protestas. Sin embargo, los esfuerzos para cumplir con la sentencia han sido en su mayoría proforma, y han tenido escaso impacto sobre la actuación policial. La Corte ordenó que el gobierno estableciera un nuevo protocolo sobre el “uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas”. El gobierno efectivamente publicó un nuevo protocolo en enero de 2021, pero este no incluye ninguna nueva medida o mecanismo de supervisión serio para prevenir el uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones o garantizar la rendición de cuentas cuando estos hechos ocurren.
La Corte también ordenó que las organizaciones de derechos humanos y las agencias de la ONU pudieran “verificar” las detenciones y los traslados por “protección” durante las protestas. En octubre de 2020, después de las protestas de ese año, la Procuraduría y la Policía crearon un comité para ese fin, el cual incluía a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero no a las organizaciones locales de derechos humanos. La policía y la Procuraduría en numerosas ocasiones no han convocado el comité durante las protestas actuales.
Asimismo, la Corte resolvió que el gobierno debía expedir un acto administrativo, a más tardar en octubre de 2020, que ordenara que todos los funcionarios gubernamentales protegieran y respetaran todas las “manifestaciones no violentas”. El gobierno no ha dictado esa norma. Del mismo modo, la Corte ordenó que la Defensoría del Pueblo realizara un seguimiento estricto a los abusos del ESMAD en contra de manifestantes. Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo han monitoreando la respuesta a las protestas y buscando mecanismos de diálogo con manifestantes para levantar bloqueos. Sin embargo, el número de funcionarios asignados a esta tarea ha sido insuficiente y no han dado abasto con la labor. El defensor del pueblo no ha reportado periódicamente sobre los abusos ni los ha condenado de forma inequívoca. El 27 de mayo, la Corte Suprema abrió un procedimiento formal para determinar si el gobierno había incurrido en un desacato.
Recomendaciones
Al gobierno del Presidente Iván Duque, incluido el director de la Policía Nacional:
- Tomar medidas inmediatas para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos y comenzar a reparar los daños, tales como:
- Condenar de forma inequívoca las violaciones de derechos humanos, incluyendo los casos de uso excesivo de la fuerza y de violencia sexual por parte de policías así como los casos en los cuales miembros de la policía no tomaron acciones para frenar ataques en contra de manifestantes.
- Presentar una disculpa, a nombre del Estado colombiano, por abusos policiales cometidos durante las protestas. O Garantizar que todos los funcionarios de gobierno eviten utilizar lenguaje que pueda ser percibido como estigmatizante hacia los manifestantes.
- Asegurar que la policía, incluyendo el ESMAD, proteja las protestas pacíficas, no las disperse y priorice mecanismos que no involucren el uso de la fuerza en todas sus acciones para levantar bloqueos.
- Priorizar las investigaciones disciplinarias sobre abusos policiales, por lo menos los cometidos desde las protestas de 2019, y comprometerse a reportar de forma pública y periódica los avances en estas investigaciones. Las investigaciones disciplinarias deben garantizar la rendición de cuentas de los agentes que cometieron abusos durante las protestas, así como de los comandantes de las unidades y los comandantes de policía a cargo de los operativos que puedan haber ordenado la comisión de tales abusos o que puedan tener responsabilidad, conforme al derecho colombiano, por no haber adoptado las medidas adecuadas a efectos de prevenir delitos o hacer que los responsables rindan cuentas por su actuación.
- Suspender el uso de proyectiles de impacto cinético y del Venom hasta que se realice un examen independiente sobre el riesgo de estas armas, los protocolos para su uso y la capacitación que han recibido los agentes policiales para utilizarlos.
- Llevar a cabo una revisión exhaustiva de los protocolos, las prácticas y los equipos de control de multitudes de la policía, y de la capacitación de los agentes sobre el uso de la fuerza, el derecho a reunirse en forma pacífica y otros derechos humanos.
- Brindar reparaciones, así como acceso a servicios de salud, a víctimas de violencia policial, incluyendo servicios integrales para víctimas de violencia sexual.
- Convocar el comité creado para verificar detenciones y “traslados por protección” durante las manifestaciones y reformar el protocolo que creó este comité para garantizar la participación de representantes de la sociedad civil.
- Ampliar significativamente la capacitación sobre control de multitudes que se brinda a policías, incluso para aquellos que no forman parte del ESMAD.
- Fortalecer los sistemas para prevenir y sancionar los actos de violencia basada en género perpetrados por policías.
Al Congreso de Colombia:
- Iniciar un proceso con amplia participación de grupos de la sociedad civil y agencias internacionales que operan en Colombia para reformar la policía, adoptando las siguientes medidas, entre otras:
- Transferir la policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior o a un nuevo Ministerio de Seguridad, a fin de asegurar que el rol y las funciones de los policías estén claramente separados de los de los militares.
- Establecer salvaguardas sólidas que aseguren que los “traslados por protección” no se usen de modo arbitrario.
- Reformar el sistema disciplinario de la policía para asegurar su independencia.
- Garantizar que el sistema de justicia militar no adelante investigaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas por policías.
- Revisar los protocolos policiales sobre uso de la fuerza a fin de asegurar que existan mecanismos sólidos para prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte de policías.
- Establecer mecanismos independientes de supervisión y control sobre la policía. o Fortalecer los mecanismos para prevenir y sancionar actos de violencia de género perpetrados por policías.
- Reformar el Código Penal para asegurar que los fiscales tengan la obligación de investigar de oficio cualquier lesión que haya sufrido una persona, incluidas las lesiones causadas por policías, con independencia de si se ha realizado una denuncia penal por el hecho.
A la Fiscalía General de la Nación:
- Priorizar los procesos por abusos policiales realizando investigaciones sobre los agentes que hayan estado directamente involucrados en abusos cometidos en el contexto de protestas, al menos desde el año 2019, así como sobre los comandantes a cargo de unidades y operativos que puedan haber ordenado la comisión de tales abusos o que puedan tener responsabilidad, conforme al derecho colombiano, por no haber adoptado las medidas adecuadas a efectos de prevenir delitos o hacer que los responsables rindan cuentas por su actuación.
- Crear un grupo especial de fiscales e investigadores dentro de la Delegada de Seguridad Ciudadana que se estén a cargo exclusivamente de investigar abusos policiales cometidos contra manifestantes, al menos desde 2019.
- Presentar escritos judiciales para solicitar que los jueces resuelvan que sea la Fiscalía –y no el sistema de justicia militar– la que se ocupe de los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por la policía.
- Investigar de oficio todos los casos en los cuales los jueces hayan concluido que miembros de la policía violaron derechos de los detenidos cuando esas acciones constituyan un delito con arreglo al derecho colombiano.
A la Procuraduría General de la Nación:
- Garantizar una rendición de cuentas por los abusos policiales, lo cual incluye investigar disciplinariamente a los agentes que hayan estado directamente involucrados en abusos cometidos en el contexto de protestas, al menos desde el año 2019, así como a los comandantes de las unidades y a los comandantes de policía a cargo de los operativos que puedan haber ordenado la comisión de tales abusos o que puedan tener responsabilidad, conforme al derecho colombiano, por no haber adoptado las medidas adecuadas a efectos de prevenir delitos o hacer que los responsables rindan cuentas por su actuación.
- Apoyar las acciones legales que busquen garantizar que los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por la policía sean transferidos de la justicia penal militar a la justicia penal ordinaria.
- Convocar el comité creado para verificar detenciones.