Tres años después, de la promesa del Jamming Festival en 2022, solo queda una inmensa deuda y un decepción sin precedentes
Por: Sebastián González Z.
El Jamming Festival 2022 prometía ser un evento histórico con la participación de grandes artistas como Black Eyed Peas, Caifanes, Rata Blanca, Los Cafres, UB40 y Damian Marley, atrayendo a más de 150.000 personas para los días 19, 20 y 21 de marzo. Sin embargo, lejos de quedar en la memoria por su éxito, el festival pasó a la historia por su estrepitoso fracaso, ya que fue cancelado un día antes debido a la caída de la logística, cancelaciones de los headliners y diversas decisiones de la promotora. Ahora, casi tres años después, la Superintendencia de Industria y Comercio ha impuesto una multa de 487 millones de pesos a Buena Vibra Eventos, liderada por Alejandro Casallas, por su responsabilidad en el fallido evento.
El Jamming Festival 2022, era un evento musical que esperaba reunir a más de 150.000 asistentes connacionales y extranjeros, en Playa Hawai, Ibagué, el cual fue aplazado sorpresivamente el viernes 18 de marzo, apenas unas horas antes de su inicio. Los organizadores argumentaron que la cancelación se debía a motivos de fuerza mayor, generando incertidumbre y descontento entre asistentes, proveedores y autoridades ante la falta de información clara y oportuna por parte de la empresa responsable.
Pocos días antes del Jamming Festival 2022, comenzaron a difundirse comentarios sobre la cancelación de algunos artistas y dificultades en la producción, un aspecto fundamental en un evento de tal magnitud. También surgieron dudas sobre si la infraestructura del lugar podía albergar a más de 150.000 personas, lo que generó preocupación entre los asistentes. Además, el cambio inesperado del operador logístico a escasos días del inicio despertó inquietudes respecto a la seguridad, el transporte y la comodidad del público.
Estos factores alimentaron rumores y especulaciones a pocas horas del evento, aumentando la incertidumbre entre los asistentes. Para muchos, los ajustes de última hora en la producción fueron señales de alerta, pues cualquier modificación en elementos clave de la organización podía afectar el desarrollo del festival. La falta de información clara por parte de los organizadores solo incrementó las dudas, dejando en entredicho la viabilidad del evento.
El 18 de marzo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en su rol de autoridad nacional de protección al consumidor bajo la Ley 1480 de 2011, inició una investigación exhaustiva sobre un evento. A través de visitas e inspecciones, la SIC evidenció preliminarmente que las condiciones iniciales del evento, como artistas y orden de presentaciones, habrían variado sin una comunicación clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea a los consumidores, lo que contraviene su derecho fundamental a la información.
Adicionalmente, la SIC constató que no se estarían informando las soluciones propuestas ante la modificación de las condiciones originales ni el procedimiento para acceder a ellas. Esta omisión también constituye una posible vulneración de los derechos del consumidor, ya que impide que los afectados conozcan sus opciones y cómo ejercerlas.
Finalmente, la Autoridad advirtió que el incumplimiento de las órdenes que pudieran emitirse o la comprobación de la violación de las normas de protección al consumidor podrían acarrear multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV), conforme al artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Esta actuación se enmarca en el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y sanción de la SIC para garantizar el respeto de los derechos de los consumidores en Colombia.
En el marco de la organización del evento, surgieron denuncias sobre presuntos incumplimientos por parte de la empresa organizadora en el pago de anticipos a los artistas. Según información no oficial, solo algunos de los artistas principales habrían recibido el adelanto correspondiente, mientras que una gran cantidad de músicos quedaron sin este pago, que usualmente equivale al 50% del valor total de sus presentaciones. Esta situación habría sido la causa principal de múltiples cancelaciones. Además, se sumaron los problemas derivados de un intento previo de realizar el evento, el cual tuvo que suspenderse debido a la pandemia de COVID-19. En ese entonces, varios artistas debieron devolver parte de los anticipos recibidos, lo que generó aún más tensiones entre los afectados y la organización.
Otro aspecto que generó controversia fue la falta de claridad y formalidad en los contratos suscritos con los artistas. Se reportaron acuerdos poco sólidos desde el punto de vista legal, así como casos de bandas locales invitadas a tocar sin remuneración y sin condiciones adecuadas para la instalación de sus equipos. Esto no solo evidenció deficiencias organizativas, sino que también representó una posible infracción legal. En Colombia, los contratos legalmente celebrados son de obligatorio cumplimiento entre las partes (artículo 1602 del Código Civil), por lo que los artistas perjudicados tendrían la posibilidad de iniciar acciones legales para exigir el pago de los montos adeudados y reclamar indemnizaciones por los perjuicios sufridos.
Ante la inminente cancelación del evento, La Emisora Cultural del Tolima compartió en su cuenta de Twitter un video en el que el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, manifestó su rechazo a la cancelación del Jamming Festival. En su declaración, exigió a los organizadores del evento que devuelvan el dinero de las boletas a los asistentes y respondan por los gastos adicionales en los que incurrieron, como reservas en hoteles y restaurantes.
El alcalde criticó el comunicado emitido por los promotores del festival, señalando que generaba incertidumbre en lugar de brindar soluciones. Además, instó a los empresarios involucrados a pronunciarse de manera seria y responsable, cumpliendo con los compromisos adquiridos con el público y la ciudad.
Después de tres años de espera, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Buena Vibra Eventos EU con una multa de $487 millones, según la Resolución 7468 de 2025, dividida en dos montos, una por $107 millones de pesos y otra por $380 millones de pesos, por múltiples irregularidades en la organización del Jamming Festival 2022. Entre las faltas detectadas están la falta de información sobre el aplazamiento, la publicación de datos confusos sobre los artistas, el abuso en cláusulas de boletería, la omisión del código PULEP y el incumplimiento de órdenes emitidas por la autoridad.
La SIC determinó que la suspensión del evento no fue por causa de fuerza mayor, sino por decisión de los organizadores, quienes debieron adoptar medidas para mitigar los perjuicios causados. En la resolución, se concluyó que el evento pudo haberse cancelado con anticipación y que la empresa tenía la obligación de atender sus responsabilidades con los asistentes.
El Jamming Festival 2022 prometía ser un evento histórico en Colombia, con una cartelera de artistas de talla internacional y una de las producciones más ambiciosas en la escena musical del país. Sin embargo, terminó convirtiéndose en uno de los mayores fracasos de la industria del entretenimiento, dejando a miles de asistentes con un profundo sinsabor. La falta de planeación, la desinformación y las cláusulas abusivas impuestas por Buena Vibra Eventos EU evidenciaron una preocupante falta de responsabilidad por parte de la promotora, que solo midió las consecuencias de sus actos hasta el momento de la cancelación.
Más allá del impacto económico y legal, el desastre del Jamming Festival 2022 afectó la confianza del público en las empresas organizadoras de eventos en Colombia. Lo que pudo haber sido una celebración sin precedentes del reggae, rock y allegados a la cultura musical terminó siendo una vergüenza para el sector, marcando un precedente sobre la importancia de la transparencia, la planificación y el respeto por los consumidores en la industria del entretenimiento.
Sebastián González Zuluaga es un cuyabro de pura cepa, rockero de corazón y futbolero de pasión. Estudiante de último semestre de derecho en la UGCA de Armenia y director de Tendencia Rocker, combina su amor por la música con una visión crítica del mundo. Siempre entre el ruido de las guitarras y el debate, busca dejar su huella en la cultura y el derecho.